La Audiencia Provincial condena a 8 años de inhabilitación a los exalcaldes de Otura por un delito de prevaricación

condenadosLaura Velasco- Otura
Tras un proceso de varios años, la Audiencia Provincial de Granada confirmó ayer la sentencia impartida por el Juzgado de lo Penal, un documento que acredita que los exalcaldes de Otura, Pedro Cabanillas e Ignacio Fernández-Sanz, quedan condenados a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Una sentencia que ha sido fijada tras un delito de prevaricación por la compra de un solar de 300.000 euros para la ampliación del Ayuntamiento. 

Asimismo, la resolución confirma también la condena a los exediles Eduardo Anguita Benítez (GIO) e Ignacio Francisco Pérez Cabreras (PP) por un delito de prevaricación, a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Además, los magistrados de la Sección Segunda sí estimaron los recursos de los cuatro condenados con respecto a la responsabilidad civil, que fue fijada por el Juzgado 129.807,91 euros, para que pagaran de forma solidaria al Ayuntamiento. Una responsabilidad que la sentencia de ayer dejó sin efecto.

Con el comienzo de la legislatura del PP otureño en el año 2007, el intento de compra del solar colindante al Consistorio se hacía cada día más patente. Una compra en la que se insistió a pesar de los varios informes técnicos desfavorables.

La sentencia actual declara “probado que con plena conciencia de la ilegalidad del acto, el alcalde, Ignacio Fernández-Sanz, dio inicio a la instrucción del expediente de contratación por el procedimiento de negociado sin publicidad (…) por el precio de 300.000 euros más impuestos, pese a la notaria diferencia entre el valor pericial (188.098 euros y de 257.653,98 en el caso de poderse construir tres plantas) y el precio de adquisición y que se haría efectivo en un solo pago con cargo a los fondos obtenidos por las obligaciones adquiridas por la mercantil ‘Urbanización Santa Clara S.A.”.

Posteriormente, el 27 de octubre de 2007, “contraviniendo gravemente la legalidad y sin fundamento técnico jurídico aceptable”, los acusados Fernández-Sanz, como alcalde; Pérez Cabrera, López Bascuñana, Velasco Vallejo, Dobaño Sánchez y Pedro Cabanillas, como concejales del PP, y Eduardo Anguita y Jorge Peregrín, del GIO, aprobaron el expediente de contratación para la adquisición del inmueble colindante al Ayuntamiento por una cantidad de 300.000 euros a la entidad mercantil ‘Docasur GR S.L.’.

En la sentencia se constata que Docasur adquirió el solar de la calle Cruz Nº 13 en abril de 2007 por 180.000 euros, a pesar de que el precio de venta al Ayuntamiento “ascendió” a 300.000 euros “más 48.000 euros de IVA”, según apunta la sentencia.

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